El presidente Luis Abinader insiste, sin embargo, en establecer que el paquete de reformas a presentar por su oficina es de amplio contenido institucional. Ya Abinader ha reiterado que el aspecto cumbre será la reforma de la Constitución para ponerle un candado inviolable, y dotarla de recursos que permitan la institucionalidad en sentido amplio en todo el aparato del Estado.
El peso específico que opositores y críticos no cesan en particularizar es el tema de la reforma fiscal, tratando de insuflar motivos para desatar el miedo a la reforma, en sentido general.
Los votantes están pendientes, sin embargo, en la capacidad del Poder Ejecutivo para impulsar la reforma, y se enfatizar el poder disponible en todo el aparato del Estado, ya en manos del presidente Luis Abinader, para bajarle el mazo a los evasores de impuestos. Si es que se quisiera imponer cualquiera de los asuntos considerados como irregularidades.
Lo evasores del pago de impuestos son ladrones de diversa índole, destacando los de cuello blanco. Individuos inmorales alojados en corporaciones, fideicomisos y otros entramados, con aliados tradicionales dentro del mismo Gobierno, quienes estarán dispuestos a esconder a los corruptos administrativos que son sus aliados. Siempre los hay, sin entrar en generalizaciones.
De eso se trata, cuando se habla de reforma fiscal. La suerte está echada. Quienes hablan de que tal reforma no debe afectar a los pobres no entran en mayores especificaciones.
Decía la BBC, influyente medio de comunicación internacional, para que lo conociera todo el mundo, que Abinader ha logrado un contundente triunfo en las elecciones de República Dominicana y será presidente cuatro años más. No deben obviarse esos detalles. No sólo lo dijo la BBC, sino que lo repitieron todos los medios de prensa del mundo. Más de 2,505,585 millones de votos, 57,45 % del total respaldan el gobierno que iniciará formalmente el 16 de agosto del 2024. Sin complementos ni primera vuelta. Nítido.
La evasión fiscal a menudo implica la tergiversación deliberada de los asuntos del contribuyente, incluye declaraciones fiscales deshonestas, declarar menos ingresos, ganancias, exagerar las deducciones, utilizar sobornos contra las autoridades en base a acciones, lo que incluye esconder dinero en lugares secretos.
Un caso grave ocurre con el impuesto llamado ITBIS, en el que se ha comprobado que hay un incumplimiento del 42.9%, algo exagerado.
El economista, ex director general de impuestos internos y actual director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Madre y Maestra, Magín Díaz, persistentemente ha sostenido en los medios de prensa, que la reforma fiscal no será fácil, si no hay control en la evasión
fiscal. Siendo que ciertamente, no hay evidencia de mejora en la lucha contra la evasión fiscal, en 2024.
Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria, advierten las autoridades es delito fiscal, robo al Estado.
Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando o hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente.
La República Dominicana sufre lo que en materia fiscal se le llama la brecha fiscal, o sea, la diferencia entre lo que el gobierno debería recaudar de conformidad a lo que dice el Código Tributario Dominicano y lo que efectivamente recauda, debido a tres grandes razones: la evasión fiscal, la subdeclaración voluntaria y la elusión.
La evasión se produce por comprobantes de transacción falsas; compras personales registradas a nombre de la empresa; compra a contribuyentes ficticios y sobre declaraciones en los registros contables y las declaraciones tributarias.
Ante tantas zancadillas y mañoserías que perjudican a los más necesitados, al país, hay la búsqueda de un consenso en que se debe iniciar la discusión de un gran “Contrato Social”. O sea, la discusión amplia y abierta para establecer las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para un desarrollo de largo plazo.
Ese “Contrato Social” conllevará al compromiso del Estado dominicano ante la sociedad a mejorar la calidad del gasto, y su rol regulador en la economía, a revisar la estructura tributaria, a perseguir la evasión y la elusión fiscal, a simplificar la estructura tributaria para minimizar la informalidad tributaria y a establecer el compromiso social de mejorar la calidad del gasto que potencie los recursos recaudados y configure un Estado eficiente y eficaz, con capacidad y sostenibilidad financieras.
Así hablan de buena fe, los técnicos del Gobierno. Y lo proponen. Pero, a la hora de la verdad, a cualquier líder enceguecido por el furor del Poder, ya conocido, le da un ataque de gripo y evade el compromiso de hablar frente a frente, de lo que tanto preconiza como su meta política.
Y en eso estamos.
El presidente Abinader y su grupo consejero ya anunciaron el acuerdo de un mínimo de doce reformas prioritarias para ser aprobadas en el primer periodo de la próxima legislatura, entre ellas la del Poder Judicial, y que estará abierta al diálogo con todos los sectores involucrados.
